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Las conclusiones definitivas del estudio ‘Análisis Económico, Social y Ambiental del Trasvase Tajo-Segura en la provincia de Alicante’ confirman que los caudales llegados a través del Trasvase Tajo-Segura para consumo humano desde 1979 han sido claves para evitar el colapso del suministro del agua potable en la provincia de Alicante. Este estudio ha sido impulsado por la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) mediante un convenio firmado con la Fundación Agua y Progreso y ha sido realizado por el equipo investigador del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante coordinado por Joaquín Melgarejo Moreno, profesor titular del Departamento de Análisis Económico Aplicado y miembro del citado instituto.

El fin del trasvase llevaría al Estado a tener que hacer frente a reclamaciones patrimoniales por un valor superior a los 3.500 M€ en el sector agrario alicantino. Además tendría que atender demandas de otros sectores económicos y al lucro cesante.

Las transferencias hídricas llegadas desde 1979 han limitado la presión sobre los acuíferos del Vinalopó y retrasado la sobreexplotación.

Las transferencias del Tajo suponen en la actualidad el 60% del volumen que maneja la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para el abastecimiento de agua corriente. Estos caudales han contribuido a retrasar los procesos de sobreexplotación que sufren los acuíferos del Vinalopó y han permitido ganar tiempo en la búsqueda de soluciones que posibiliten, aunque sea parcialmente, la recuperación de las reservas de los acuíferos mediante la aplicación de recursos procedentes de la reutilización, la desalinización y también del Trasvase Júcar-Vinalopó. Sin estos aportes extraordinarios, la presión sobre las aguas subterráneas se habría acrecentado, lo que habría supuesto la esquilmación total de estos caudales hace más de una década.

El Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura estratégica de extraordinaria importancia en la ordenación hidráulica española. Es fruto de una política de ordenación del territorio impulsada por el Estado que ha permitido la consolidación de un sector agrícola de enorme vitalidad en el sureste español y, a su vez, ha garantizado la subsistencia hídrica de los abastecimientos urbanos de numerosas poblaciones de la zona, incluidas  grandes capitales como Alicante, Elche, Torrevieja y Orihuela.

Es además una infraestructura con gran potencial para distribuir caudales mediante las fórmulas de cesión de aprovechamientos y bancos del agua, así como para articular trasvases dentro del mismo ámbito de planificación hidrológica, como ha ocurrido con caudales del Júcar.

OTRAS CONCLUSIONES DE ESTE ESTUDIO:

1. El Trasvase Tajo-Segura ha dado garantías a los abastecimientos para el mantenimiento de caudales ambientales en el cauce del río Segura. Con los procesos de depuración oportunos, parte de esos caudales son elevados hasta el parque natural de El Hondo en Elche/Crevillente. Este humedal sustenta una biodiversidad de suma importancia para la provincia de Alicante. Su mantenimiento ha estado ligado a la actividad agrícola, ya que muchos de los aportes que recibe provienen de los retornos de regadío. Estos retornos se han incrementado con la depuración de las aguas de abastecimiento que en su mayor parte proceden del trasvase.
2. Las más de 40.000 has de regadío de la provincia dependientes del trasvase generan una cubierta vegetal que evita procesos de degradación de suelos, ralentiza la desertificación y, a su vez, hacen que aumente la diversidad. Este espacio vegetal se comporta como un auténtico sumidero de CO2.  Los 500 Hm3 del trasvase emiten a la atmósfera 82.280 Tn de CO2,  mientras que para obtener esa misma cantidad de agua por desalación se emiten 314.160 Tn de CO2;  es decir, 3,8 veces más que con el trasvase.
3. La sobreexplotación de acuíferos, fenómeno que afecta a la totalidad del área que se beneficia del Trasvase Tajo-Segura, se vería acrecentada si éste no existiera, lo que generaría un problema ambiental de primera magnitud. Sólo se podría resolver incrementando la oferta de caudales a través de la desalación, sistema que requiere el consumo de cantidades energéticas muy superiores a las que en la actualidad utiliza el trasvase.
4. El trasvase, en sus 30 años de funcionamiento, ha generado en la provincia unos nuevos paisajes. Su desaparición alteraría gravemente el territorio y la degradación del espacio se extendería de forma irreversible.
5. El agua del trasvase es un corrector de sales, cuando por distintas razones no llegan los caudales previstos, aparecen fenómenos de desertificación y salinización de suelos en su área de influencia.
6. El Estatuto de Castilla-La Mancha incorpora unas medidas que no se ajustan a la Constitución en lo referente al Trasvase Tajo-Segura, por exceder la función constitucional que incumbe a los Estatutos de Autonomía, en virtud  del art. 147.1 y 2 CE, así como por invasión de las competencias que corresponden al Estado en materia de aguas.
7. Es un texto claramente inconstitucional la norma que prevé un informe preceptivo y vinculante en materia de trasvases, transferencias, intercambios, etc., ya que atribuye a la Comunidad Autónoma una facultad decisoria integral en aspectos que no son de su competencia tratándose de aguas intercomunitarias.
8. Es un texto que excede el criterio legal de cuenca hidrográfica. Entre las novedades de dudosa constitucionalidad que incorpora encontramos la previsión de establecimiento y disposición efectiva de reservas hidráulicas por parte de la Junta (art. 99.1 y 102.2), con la previsión de la elaboración de informes preceptivos para la adjudicación de concesiones (art. 102.2), o con la reserva del derecho a ejercer la asignación y utilización preferente de los recursos hídricos (art. 102.4).
9. Estas previsiones invaden también la competencia estatal en materia de aguas intercomunitarias, al atribuir a la Comunidad Autónoma decisiones de ordenación que no le corresponden. Esto es claro en lo que al establecimiento de reservas, o respecto a las asignaciones o usos preferentes se refiere; sólo puede aceptarse la previsión relativa a los informes preceptivos (adjudicación de concesiones) pues no tienen carácter vinculante, por lo que no influyen completamente en la competencia estatal.
10. El Estatuto habla igualmente de que la Junta debe “velar” para evitar cualquier tipo de trasvase, lo que sería inconstitucional si se interpreta como una potestad de veto.
11. La propuesta que se hace en el Estatuto de cancelación del trasvase en 2015, en la medida en que se trata de una norma con suficiente rango (ley orgánica), aunque jurídicamente posible, supondría la derogación implícita de la legislación del trasvase, por lo que la cuestión de la defensa del Trasvase Tajo-Segura se sitúa en el ámbito político más que en el jurídico.
12. En esta misma línea el Estatuto de Castilla-La Mancha eleva el rango de algunas cuestiones que hoy tienen un nivel de Ley ordinaria, a orgánica, lo que blinda sustancialmente su contenido. Esto sucede en lo que se refiere a la reducción progresiva del volumen trasvasable conforme a las nuevas demandas de la cuenca cedente (principio de prioridad) y a la sustitución progresiva de caudales del trasvase por recursos generados en la cuenca receptora.
13. Esta propuesta choca frontalmente con la actual Directiva Marco que apunta claramente hacia la gestión y planificación de las aguas por cuencas hidrográficas, por lo que alterar este criterio en el plano de la ordenación y gestión podría contravenir dicha Directiva.
14. Los trasvases no comprometen la aplicación general de este criterio. Son una solución compatible siempre que se desarrollen con las suficientes cautelas y se acredite su necesidad y justificación técnica, económica, social y ambiental, como ocurre con la transferencia del Tajo-Segura.
15. El Estado, mediante Ley, orgánica u ordinaria, puede decidir sobre la continuidad del trasvase, pero si lo hace, no puede atribuir competencias de ordenación y gestión a entes que no la tienen, como las Comunidades Autónomas, en aplicación del criterio constitucional del 149.1.22 (aguas intercomunitarias). Existe la responsabilidad patrimonial del Estado, legislador en caso de amortización o reducción del trasvase. Los afectados podrán exigir las indemnizaciones o compensaciones correspondientes, pudiendo reclamar en su caso su reconocimiento en vía jurisdiccional. Estas reclamaciones se evalúan en al menos 3.500 millones de euros sólo en el sector agrario. A esta cifra habría además que añadir lo correspondiente al resto de sectores económicos y al lucro cesante.
16. El abastecimiento de aguas que aporta a los municipios la Mancomunidad de los Canales del Taibilla se apoya en las aguas del trasvase Tajo-Segura. Son caudales estratégicos para el desarrollo de la población y las actividades económicas, como el turismo.
17. En la actualidad, un total de 34 municipios, que incluyen las tres mayores ciudades de la provincia en cuanto a número de habitantes (Alicante, Elche y Torrevieja), además de numerosas poblaciones que superan los 20.000 habitantes, integran el área abastecida por la MCT en la provincia de Alicante (en adelante área MCTA), área que excede la propia delimitación de la Confederación Hidrográfica del Segura e incorpora entidades pertenecientes a la del Júcar.
18. La presencia de miles de plazas hoteleras y de viviendas de uso vacacional, así como de los servicios turísticos que las complementan  como pilares del despegue y consolidación de un modelo económico y territorial, no es posible sin la dinámica de un sistema público de abastecimiento de aguas, que aporta recursos en cantidad y calidad.
19. el turismo residencial representa una parte importante de la actividad económica del territorio de la MCTA en los últimos 20 ó 30 años. En su conjunto, en un espacio que abarca 1.828 km² y que representa el 31,4% del espacio provincial, se concentra el 20% de las plazas regladas de oferta turística de la Costa Blanca (32.000 plazas) y casi el 50% de la oferta residencial.
20. El empleo en el área MCTA ha pasado, entre 1991 y 2006, de un total de 255.163 trabajadores a 283.887. En este mismo periodo, creció en el apartado de servicios desde 132.000 empleos hasta más de 204.000, mientras que el avance en la construcción fue desde 31.600 en 1991 a la cifra de 42.800 en 2006.
21. A medio plazo, resulta imprescindible que se mantenga la dotación del Trasvase Tajo-Segura para uso urbano, en torno a los 100 Hm³/año (110 Hm³/año están regulados legalmente), puesto que la desalación no tiene, de momento, capacidad para sustituir esta aportación, ni atender los incrementos de consumo previstos para los próximos años. Además, se produciría un notable incremento de costes por la incorporación de aguas desaladas, con el consiguiente aumento de los gastos para los Ayuntamientos y Entidades mancomunadas. 
22. La oferta residencial es la modalidad dominante en el sistema turístico del área MCTA (283.053 viviendas de potencial uso turístico que representan más de 990.000 plazas) está presente en la práctica totalidad de los municipios, pero es especialmente significativa en las ciudades costeras y en los municipios prelitorales. Para su mantenimiento y desarrollo futuro resulta esencial garantizar los suministros, como hecho clave para la competitividad del sistema turístico.
23. El área MCTA es muy dinámica, ya que concentra los sectores económicos que han demostrado mayor capacidad de crecimiento durante estos últimos años. Esto se refleja en el número de empresas, en su mayor parte dedicadas al sector servicios, que ascendían a más de 25.000 en 2006, un 70% del total. Siguen en importancia las de la construcción (6.354), que representan el 18% del total.

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